El Poder Constituyente Irregular

Inicialmente este texto tiene como objetivo analizar algunos aspectos relativos al poder constituyente irregular. A lo largo de todo el ensayo, se pretende comprender a modo breve: el concepto de poder constituyente y su diferencia en ese sentido del poder constituyente irregular; las diferentes manifestaciones de este fenómeno político-jurídico en la vida en sociedad; sus límites conforme a las disposiciones del derecho interno, y el derecho internacional; además de hacer mención del caso actual de la republica dominicana, a propósito del tema en cuestión.

Según Emmanuel Sieyes “Toda constitución supone ante todo un poder constituyente”2. A esto aludimos a que el Poder Constituyente es aquel del cual emana la Constitución, y que a raíz de esto se forma la estructura de un Estado. Este poder constituyente es anterior a toda norma jurídica, su ámbito se excluye del derecho, siendo por su naturaleza, parte de lo político. Este poder es propio del pueblo, quien a través de ese mecanismo genera la expresión de su voluntad, la constitución. Ahora bien, este poder constituyente tiene dos variantes. En principio, el poder constituyente originario, aquel que da vida a una nueva constitución3 y el poder constituyente derivado, aquel que se ejerce para reformar la constitución.

Claros en ese aspecto, el poder constituyente irregular, de conformidad con la definición de Nestor Perez Sagues, “es el ejercicio de tal competencia estatal sin hallarse sujeto, o por haber actuado en contravención de reglas jurídicas que lo condicionan”5 Por tanto, se asimila a que existe un poder constituyente que no está sujeto a normas o reglas (originario) y un poder constituyente que actúa en violación a una regla jurídica (derivado).

Tomando en consideración estos conceptos, entiendo de que si bien, un Estado de derecho es el ámbito por el cual la sociedad y sus individuos interactúan, conforme las reglas que ellos han establecido, es improcedente la instauración de un sistema el cual este basado en el no apego de las normas o en el quebrantamiento de las mismas. Sin embargo, esta consideración suena un tanto al “deber ser”, más adelante se expondrán algunos ejemplos en donde la convivencia social y el instauramiento del documento constitucional fueron en base del poder constituyente irregular, no obstante, la estructura jurídico-política es estable.

Del Poder Constituyente Originario Irregular y el Poder Constituyente Derivado Irregular
A mi entender la existencia de un poder constituyente originario irregular o derivado irregular, significa un quebrantamiento al orden de la sociedad. Sin embargo, concuerdo con el profesor Jorge Tapia Valdés, quien ubica la tesis de que no existe poder originario irregular a raíz de que “es expresión y función de un metalenguaje que esta mas allá de y trasciende lo jurídico, y que por tanto no tiene ni acepta controles orgánicos, estructurales procedimentales o de contenido”.6 Si nos fijamos en el concepto de poder constituyente encontramos a prima facie el significado de poder constituyente originario, a propósito de su condición de anterior a cualquier otra norma, y su ámbito excluido de lo jurídico. Entonces si bien, el poder constituyente originario surge como principio de todo y es quien genera lo demás, no puede estar sujeto a normas, que en principio, no existen, quedando así fuera el concepto de irregular en ese sentido.

Situación diferente que pasa en el caso del poder constituyente derivado irregular, en donde la irregularidad si es un elemento indispensable para su aparición. Ejemplo de esto, es la realización de una reforma constitucional por un órgano diferente al establecido, o bien no completar el proceso de reformación constitucional como ha sido establecido. Es decir entonces, que independientemente la validez del texto que ha sido modificado, es anómalo. De ambas variantes, esta es la que me produce mayores inquietudes. Me pregunto, bajo estas circunstancias, ¿no existe alguna forma de limitar ese poder constituyente? Pues de no ser así, sería un “animal indomable”, del cual las consecuencias de sus actos generarían una inestabilidad en la estructura política, social y jurídica.

Inmerso en aquella interrogante, recuerdo las cátedras que en clase de Derecho Constitucional, el profesor, dejo la pregunta al aire, para motivar las respuestas de los estudiantes y si bien, muchos contestamos de forma correcta. Entendíamos que el poder constituyente, tenía como limites, en principio, su zona de aplicación, dígase que el ámbito territorial de un Estado definía limites en los cuales el poder constituyente no podía extrapolarse. En ese punto hablamos del Derecho Internacional y sus disposiciones frente al poder constituyente, cuestión que apoyo fielmente. Los limites trazados por el Derecho Internacional generan una estabilidad en el marco de las relaciones entre los Estados, a los fines de no abusar de ese poder “supremo”, ni tampoco de que el mismo sea objeto de incumplimiento a obligaciones internacionales, bien señala la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en su art. 27: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”7 y en su art. 46: “[…] hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno […]”.

Poder Constituyente Irregular: enfoque al orden Constitucional dominicano
La República Dominicana es un contexto muy interesante, cuando se trata de cuestiones constitucionales. Recordemos en 1844, cuando se produjo el manifiesto de independencia, documento por el cual en noviembre de ese mismo año se adopto la primera constitución dominicana9. Es decir que se hizo uso de aquel poder constituyente que el pueblo entendía necesario para la vida en sociedad, o más bien para el instauramiento del nuevo Estado, siendo el caso del poder constituyente originario.

Bien, como sucedió en nuestro país, sucede entonces en las demás sociedades donde se erigen nuevas estructuras estatales, el pueblo, quien es el titular del poder constituyente, hace uso de él creando todo lo demás en el ordenamiento. Un poder que no tienen reglas anteriores a excepción de aquellas que el mismo se impone, y dentro del marco de su aplicación. A raíz de este razonamiento, reitero la carencia de irregularidad en el poder constituyente originario.

Para el caso, del poder constituyente derivado, la historia constitucional dominicana nos muestra que aquel primer texto constitucional10 no contenía ningún procedimiento para efectuar una reforma, solo se limitaba a mencionar sobre una revisión (arts. 202 – 204). No es sino hasta 1874, cuando el texto constitucional utiliza el término “reforma” (arts. 104 – 106). Si bien a lo largo de los procesos de “reformar lo reformado”, a propósito de las 38 modificaciones que ha tenido nuestra Constitución, ese aspecto ha evolucionado notablemente. Hoy en día, el texto constitucional prevé la forma de modificación de si misma, y establece que solo ella es capaz de dictar la forma en que se realice, “[…] La reforma de la constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por poder o autoridad ni tampoco por aclamaciones populares” – art. 267.

Analizándolo desde ese punto de vista, ¿Podría llamarse entonces poder constituyente derivado irregular, durante los periodos anteriores a 1874? Bueno, realmente no existía un procedimiento establecido que “violentar”. Por tanto, esas modificaciones realizadas no se incluyen en ese ámbito, a mí parecer.

Sintetizando un poco, vemos que la posibilidad de la existencia de un poder “supremo” y “supeditado de reglas” como lo es el poder constituyente trae consigo consecuencias en todos los ámbitos de la sociedad, político, jurídico y social. Tal y como ha sido objeto nuestra sociedad, las sociedades Latinoamérica y todas aquellas sociedades que han fundado su Estado sobre la base de la legitimidad, y no de la legalidad.

Por José Guillermo Sarita

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